Los proyectos de granjas de engorde de atún, impulsados por la industria atunera, intensificaron hoy en Panamá el debate entre representantes de flotas pesqueras, grupos ambientalistas e instituciones reguladoras del Estado, sobre el futuro de la industria.

La disputa surgió tras la derogación del artículo 11 de la ley 44, respecto a la prohibición de la pesca en el Parque Nacional Coiba, en el Pacífico, incluida la utilización de redes de cerco, pero se ha trasladado a la producción de atún en cautiverio, que es objetada por grupos ambientalistas.

Los opositores a las granjas de atún recurrieron a un artículo publicado por la revista “National Geographic”, de abril de 2007, en el que es descrito el efecto destructivo de ese sistema en el Mar Mediterráneo. La revista vinculó a varias industrias, entre ellas el consorcio español Grupo Fuentes, con el descenso de las poblaciones de atún rojo en Europa.

El Grupo Fuentes es una compañía que desarrolla una granja atunera en el golfo de Chiriquí, en Panamá, a través de su empresa subsidiaria, Granjas Atuneras S.A., que inició operaciones en este país en 2004, en medio de reservas, señalamientos y críticas provenientes de organizaciones ecologistas.

La presión sobre los bancos de peces en los océanos generó rspuestas técnicas en el marco de la 78 Reunión de la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), realizada en junio de este año en la capital panameña, en la que líderes de organizaciones ambientalistas participaron como observadores.